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Diario Octubre – Venezuela: El doble rasero de una derecha que conspira contra la voluntad del pueblo

Venezuela: El doble rasero de una derecha que conspira contra la voluntad del pueblo

AVN.– Dentro de los planes conspirativos de la derecha venezolana una de las maniobras que más resalta es el recular de los dirigentes de oposición luego de convocar a acciones desestabilizadoras de calle, para así deslindarse de las consecuencias que resultan de su llamado a la violencia.

Perturbar la convivencia del venezolano parece ser, sin anuncio explícito, la práctica elegida por la derecha en los últimos 14 años, ante la incólume voluntad del pueblo, que elección tras elección, ha sostenido su decisión de virar el timón patrio hacia el socialismo propuesto por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez.

Varias han sido las maniobras—cada vez más predecibles—que han infundido en la población la zozobra y la rabia necesarias para alentar hechos violentos de calle, así como lanzar matrices de opinión mediáticas que animen a los sectores reaccionarios más radicales.

Sin embargo, luego de encender el fuego es usual que los dirigentes de la oposición, de manera nada honrosa, se deslinden de su llamado al descontrol, siendo responsables únicamente del “yo no fui”.

Maniobras como ésta se remontan a las oscuras épocas del sabotaje a la industria petrolera en 2002, que a lo largo de 63 días devino en una serie de acciones promovidas por la llamada Coordinadora Democrática para atentar contra la estabilidad del país, mediante el ataque a las industrias básicas, como Petróleos de Venezuela.

El martes 3 de diciembre de 2002 el entonces presidente de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) y ahora prófugo de la justicia venezolana, Carlos Ortega, hizo un llamado abierto “a todas las organizaciones para que tomen autopistas, calles y avenidas de Caracas y todo el país para garantizar el paro nacional”.

Ese día Ortega se convirtió en uno de los responsables de que tales movilizaciones “cívicas” obligaran a los comerciantes a cerrar sus negocios bajo la amenaza del agavillamiento.

Posteriormente, el 2 de febrero de 2003 Ortega expresó su “yo no fui”, al aseverar que “el paro no es de la CTV, ni de la Coordinadora Democrática, el paro se nos fue de las manos”.

Al intentar poner distancia de las consecuencias de sus acciones conspirativas contra el orden establecido, la derecha nacional repetidamente ha pretendido achacarle al Gobierno Nacional la autoría de tales desestabilizaciones de corte fascista.

El ex gerente de Pdvsa y también prófugo, Juan Fernández, a finales de aquel diciembre de 2002 hizo un esfuerzo por deslastrarse del caos nacional impulsado por la derecha, al propiciar el sabotaje petrolero, cuando ante los medios de comunicación demandó la renuncia del presidente de la República, Hugo Chávez, endilgándole la violencia que ellos mismos promovían cada día, a las 6:00 de la tarde, cuando dictaban las acciones desestabilizadoras del día siguiente.

Según Fernández, Chávez debía renunciar “por ser el principal responsable del clima de violencia y odio que hoy consume a los venezolanos”.

Ese discurso ha sido una constante en las actuaciones de la derecha a lo largo de los últimos años y bajo ese mismo formato ha coordinado sus acciones en la segunda mitad de abril de 2013, tras los resultados irreversibles del Consejo Nacional Electoral (CNE), en los que quedó ratificada la voluntad popular inclinada hacia el socialismo y la Revolución Bolivariana.

2013: El nuevo llamado a la violencia

Luego de resultar derrotado nuevamente el pasado 14 de abril en las elecciones presidenciales, Henrique Capriles Radonski convocó al país a tomar las calles tras la frustración de la contienda perdida, al tiempo que desconoció los resultados del CNE e intentó promover un golpe de Estado.

Capriles incitó a sus seguidores a actuar con violencia mientras grupos de choque arremetieron contra el pueblo chavista, al punto de ocasionar la muerte violenta de nueve venezolanos, junto a 78 heridos, daños a infraestructuras que prestan servicios al pueblo, como Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y ataques fascistas contra residencias de servidores públicos.

Posterior a estos sucesos, el derechista desestimó los ataques a los CDI, asegurando, en primer lugar que no existían registros de tales daños, aun cuando instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, así como el pueblo afectado ha recabado evidencias que muestras las acciones vandálicas.

Capriles luego afirmó que el Ejecutivo era el responsable de la escalada de violencia de los últimos días. Cualquier parecido con el pasado inmediato no puede ser coincidencia.

Incluso, quiso expandir su arremetida publicando en su cuenta Twitter que el Gobierno Nacional tenía grupos armados ocasionando destrozos para generar violencia, haciendo así un intento por mandar al olvido sus invitaciones al caos y hacer ver que el fascismo que promueve corresponde a la Revolución Bolivariana.

Como es habitual Capriles también ha mantenido sus ataques y violencia, en este caso discursiva, contra el Poder Electoral, reiterando advertencias a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena.

“Presidenta (Tibisay Lucena) tiene que darse cuenta que decisiones erradas aumentan la conflictividad que existe hoy en el país. Usted tiene la responsabilidad de darle la cara a los venezolanos”, señaló en días pasados.

No obstante, luego de desconocer la derrota ante el presidente electo, Nicolás Maduro, el comando de la derecha introdujo ante el CNE una lista de supuestas irregularidades que ocurrieron el 14 de abril, por lo que el Poder Electoral decidió ampliar el proceso de auditoría ciudadana sobre el 46 % de las cajas de resguardo, al tomar en cuenta que el mismo día de los comicios se auditó el 54%.

Después de que el ente comicial anunciara esta acción, Capriles manifestó que su comando no participará en la auditoría si no tienen acceso a los cuadernos de votación, que son un instrumento complementario que se mantienen en las mesas de votación como parte de la tradición electoral de los venezolanos y no como medio de control.

Al respecto, la bancada opositora que hace vida en la Asamblea Nacional se ha hecho eco de su líder derrotado y en repetidas oportunidades durante las plenarias ha intentado desconocer la legitimidad de Nicolás Maduro como jefe de Estado.

“Quienes hablan de democracia tienen que respetar al pueblo, las instituciones y a la patria venezolana”, sentenció la segunda vicepresidenta de la AN, Blanca Eekhout, al instar a los diputados de la bancada de oposición a respetar las instituciones del Estado y la voluntad del pueblo venezolano.

Analistas políticos, miembros de la Red de Intelectuales y jefes de gobierno como el presidente ecuatoriano Rafael Correa  han advertido que en Venezuela se juega gran parte del proyecto democrático latinoamericano y ello es sabido por la derecha neoliberal.

“Su desprecio por la democracia, cuando pierde elecciones, deriva en golpes de Estado. Acostumbrada al fraude, no concibe unas elecciones limpias, transparentes, donde el ganador enarbole un proyecto democrático, socialista, antimperialista y popular. Es necesario denunciar las futuras maniobras desestabilizadoras”, precisó hace días el ensayista chileno-español Marcos Roitman Rosenmann, en un artículo publicado por el diario mexicano La Jornada.

Con todo la derecha nacional insiste en propiciar un estallido social que desconozca la mayoritaria decisión popular de continuar con paso firme hacia la consolidación del Socialismo del Siglo XXI, ya no un proceso interno sino que ha trascendido las barreras nacionales para convertirse en la voz de los pueblos históricamente oprimidos del mundo.

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